Sin denuncia alguna, a través de los organismos de seguridad del Estado, Roberto Sandóval fue detenido y trasladado a La Paz. Se lo acusa de sedición, terrorismo, desacato, entre otros delitos. Para la oposición, es el segundo preso político después de la detención del joven Nelson Paco, que fue detenido en Oruro por pintar en la prefectura consignas en favor de la autonomía departamental luego del referendun del 4 de mayo en Santa Cruz.
El Gobierno, a través de efectivos policiales de Inteligencia y de manera violenta, capturó ayer al coordinador de la campaña electoral de Sabina Cuéllar, candidata a la Prefectura de Chuquisaca, Roberto Sandóval, sin una previa denuncia ni apertura del caso. 12 horas después de la aprehensión, denunciada por los familiares como un secuestro, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, justificó la captura indicando que se trata de un asunto de seguridad de Estado. Incluso acusó a Sandóval de ´intento de magnicidio´ en contra de los ministros de Defensa, Walker San Miguel, y Justicia, Celima Torrico.
Sandóval también es dirigente de la agrupación cívica juvenil Conciencia por Chuquisaca.
Luego, el Gobierno informó que hoy iniciará un proceso penal en su contra.
A las 8.00, Sandóval salía de su domicilio junto a su esposa y su hija, cuando intempestivamente llegó una vagoneta plateada de la cual descendieron cuatro personas, quienes quisieron introducirlo al vehículo, pero el dirigente se resistió.
Minutos más tarde, otra vagoneta Cherokee de color verde arribó al lugar, de allí bajaron dos varones encapuchados y lo obligaron a entrar al coche, según relató su esposa, Ninoska Daza. Desde ese momento no se tuvo datos sobre él hasta las 20.00.
Rada explicó que luego de un trabajo de Inteligencia “se llegó a la identificación plena (de Sandóval) como participante e instigador en actos de violencia ocurridos en el último tiempo en la ciudad de Sucre”.
El parte recibido por el ministro indica que Sandóval fue visto en flagrancia en diferentes actos, como la quema de un vehículo de la directiva de la Constituyente, las agresiones contra los ministros Walker San Miguel y Celima Torrico, y los actos de violencia el 24 de mayo en la Capital.
El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, mostró imágenes en las que Sandóval está inmerso y participa en las diferentes acciones violentas que se suscitaron desde el 2007 hasta el 24 de mayo de este año.
El director nacional de la fuerza anticrimen, coronel Adolfo Espinoza, dijo que posiblemente la Fiscalía tenía una orden de aprehensión en su contra y lo detuvieron. “Estamos investigando”.
El hecho ocurrió en la calle Serrano esquina Pérez, a cuatro cuadras de la plaza 25 de Mayo. Daza dio a los medios de prensa los números de placa de ambos vehículos: 1516-AIN y 1148-KSS. Horas más tarde se dijo que eran de propiedad del Ministerio de Gobierno. A las 18.00, la esposa de Sandóval señaló que un oficial de la Policía le aseguró que su cónyuge estaría en La Paz.
Rada confirmó que, según el parte de Inteligencia, se decidió trasladar a Sandóval a La Paz. A las 20.00, el operativo de traslado continuaba. “En las próximas horas llegará a la ciudad de La Paz, será remitido al proceso de investigación en el Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP), que cuenta con tres fiscales adscritos e investiga hechos de seguridad del Estado´.
Gamarra aseveró que, una vez en La Paz, “se formalizará una querella´ en su contra por los delitos de sedición, desacato, terrorismo, organización criminal, tentativa de homicidio, entre otros. No se presentó un mandamiento de aprehensión escrito ni tampoco la captura fue ordenada por un fiscal ni por un juez. Rada expresó que “no se descarta nuevas acciones policiales de los organismos de seguridad del Estado´, que se conocerán pronto.
Un proceso determina la detención
El analista en temas jurídicos y ex viceministro de Justicia, Carlos Alarcón, afirmó que para que se proceda a la detención de una persona es indispensable contar con una orden de aprehensión emitida por un fiscal o un juez de manera escrita o que el sospechoso haya sido sorprendido en flagrancia.
Sin entrar en detalles de la captura de Roberto Sandóval, Alarcón dijo que si no se cuenta con esos dos requisitos para detener a alguna persona, se comete “un atentado contra la seguridad personal”, según estipula la Constitución Política del Estado vigente.
El proceso que viene luego es que, una vez detenida la persona, sea puesta a disposición de un fiscal en ocho horas y éste lo remita ante un juez en 24.
Posteriormente, tras una audiencia cautelar, el juez determina darle al sospechoso detención preventiva o medidas sustitutivas.
Este caso sed suma al ocurrido el pasado 12 de mayo cuando un joven fue detenido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Oruro por pintar grafitis en las paredes de la Prefectura que hacen alusión a las autonomías. Las autoridades del Ministerio Público refieren la comisión del delito de sedición, según la imputación hecha por la fiscal Cila Terán.
El detenido, identificado como Nelson Paco, fue sorprendido la madrugada del sábado pintando en las paredes de la Prefectura orureña unos grafitis que decían: “Autonomía Ya” y “Chávez manda, Evo cumple”, que cuestionan la gestión del primer mandatario.
En ambos casos, como señal de identificación, aparece la sigla “JxB” (Jóvenes por Bolivia), agrupación que también se pronunció cuando se conoció el caso de Beatriz Porco Calle, que viajó becada a Cuba para estudiar Medicina y su cuerpo fue repatriado sin sus órganos. “Será la tierra donde ha nacido Evo, pero no todos somos masistas”, dijo uno de sus amigos.
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