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Por Carlos Toranzo Roca

(economista y analista político)

Hay cada vez más linchamientos en barrios populares y en poblados rurales. Muchas veces, la justificación es la aplicación de la justicia comunitaria que, según se conoce, no implica ese tipo de ajusticiamientos. Otra justificación es la carencia de Policía o la existencia de fallas en el sistema judicial. En resumen, esto implica la ausencia de instituciones capaces de protegernos de la inseguridad ciudadana.

Hay cada vez más linchamientos en barrios populares y en poblados rurales. Muchas veces, la justificación es la aplicación de la justicia comunitaria que, según se conoce, no implica ese tipo de ajusticiamientos. Otra justificación es la carencia de Policía o la existencia de fallas en el sistema judicial. En resumen, esto implica la ausencia de instituciones capaces de protegernos de la inseguridad ciudadana.

¿Dónde está la Policía en una ciudad tan grande como El Alto? Simplemente no existe; esa ciudad, denominada a sí misma \’la ciudad del futuro\’, poco a poco y peligrosamente se convierte en uno de los lugares donde campea la violencia y, de manera creciente, el narcotráfico. Este último ya no está sólo en el Chapare, en los Yungas, en Yapacaní o en Cobija; está desperdigado y multiplicado en El Alto, en ese bastión del radicalismo político del país. Pero, claro está, la política, la radicalidad de sus dirigentes no desean abrir los ojos a la presencia excesiva del narcotráfico, como tampoco el Gobierno —excesivamente permisivo en el tema coca— desea ver que el narcotráfico está carcomiendo las entrañas de la nación. Pero, ¿cómo están las cosas en el cuarto, quinto, sexto o séptimo anillo de la ciudad de Santa Cruz? En términos de violencia, de ajusticiamientos, de ausencia policial y de instituciones, lo que sucede ahí es equivalente a lo que pasa en El Alto. Simplemente, no hay instituciones.

Pero, cuando las instituciones existen y dan la cara para actuar, el Gobierno se ocupa de socavar su institucionalidad. Sucedió de ese modo en enero del 2007 en Cochabamba, cuando la Policía fue utilizada no para imponer el orden, sino para apoyar el desorden y la violencia social. Aconteció de manera parecida en Sucre, al proteger el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, pues Policía, militares y movimientos sociales, de la mano, no apoyaron la institucionalidad, sino más bien impulsaron la desinstitucionalización. Cuando la Policía trata de cumplir sus funciones, cuando intenta evitar la violencia en acciones como las ocurridas contra la Embajada estadounidense, simplemente se la desautoriza o se remueve a sus mandos; se procede así cuando ella cumplía lo que la norma indica. Pero, es que hay una norma informal que el Gobierno trata de imponer: se trata de proteger la violencia incitada por sectores cercanos al Gobierno. Cuando la violencia de los movimientos sociales estalla, la Policía o las FFAA lo que deben hacer es apoyar esa violencia y no imponer el orden. Eso simplemente implica no respetar la ley, no acatar las normas. De esa manera, lo que se impone es la anomia; por ello, en el país hay una sensación de piedra libre, cada quien cree que puede hacer lo que desea, pues no hay norma, no hay instituciones o éstas se están debilitando paulatinamente. En resumen, no hay Estado, o éste está debilitado y se está vaciando de instituciones. No sólo no se respeta el Estado de derecho, sino que el Estado está en proceso de desaparición institucional, con todos los peligros que eso implica para la convivencia cotidiana.