Por Dante Pino Archondo
Cuando el poder ejecutivo decidió ir adelante con el revocatorio de mandatos -sin importar la jurisprudencia invocada por la Ministra Seleme ante su decreto emitido aceptando el recurso incidental de inconstitucionalidad presentado por el diputado Murillo- se echaron los dados del destino. De aquí en más, el cuadro radical de la política nacional es un suceso sin retorno y sus consecuencias una ocurrencia que tendremos que saber asimilar.
“De aquí en adelante -dijo García Linera- tendremos el tensionamiento de las fuerzas en pugna y luego su resolución” Definía así el cuadro nacional luego de que la Asamblea Constituyente fracasara en su intento de imponer una constitución procedimentalmente viciada. Sin ese marco legal absolutamente imprescindible para reconformar la institucionalidad todo se venía abajo.
Luego lo demás era cuestión de tiempo. Y el ciclo duró poco. La aprobación de los Estatutos Autonómicos dejó en claro que se acabó el período del centralismo y la respuesta a este factor político fue el Referéndum Revocatorio. Antes de permitir la consolidación de las autonomías el centralismo jugó su última carta y la arrojó sobre la mesa, con todas las consecuencias que ello importaba.
Es el grito agónico del poder central buscando cómo sujetar sus atribuciones, para evitar el desarrollo con libertad y equidad. Esta decisión del gobierno implica fundamentalmente eso: radicalizarlo todo antes de perder el control económico, político y social que el centralismo le otorga.
El enfrentamiento político radical tiene una sola salida: un vencedor y un vencido; al que se le impone la estructura de un Estado que defiende y sostiene al nuevo “bloque de poder”. Pues bien estamos en puertas de este tipo de resolución y por eso el ideólogo de ese nuevo bloque social hegemónico lleva a todo un pueblo a la guerra civil, aunque él crea que el voto en las urnas hará innecesaria esa lucha.
Por eso, ante la posición de un magistrada que anuncia la obligación de las “autoridades” para suspender el referéndum revocatorio y el llamado que hace la Corte Departamental de Chuquisaca a su similar Nacional para respetar esta decisión basada en actos de jurisprudencia, el señor García Linera invoca la movilización civil con el fin de resistir la legalidad y llevar “hasta sus últimas consecuencias” la radicalidad política que le permita al nuevo bloque en el poder consolidar su hegemonía.
Esta son los hechos y las consecuencias. Quienes no quieren mirar de frente esta cruda realidad, son los que desgranan un discurso contradictorio. Dicen que no reconocen el referéndum, presentan recursos legales para evitarlo, afirman que no “habrá revocatorio” pero acto seguido convocan al pueblo a votar. O aquellos que afirmando que el revocatorio “no soluciona nada” igual deciden someterse a sus reglas de juego calificadas de desiguales. Están a días de romper la unidad nacional y creen que la única manera de demostrar que son “bien machos” es aceptar el desafío más estúpido que ha vivido la república desde su fundación.
Pero nada de esto es inconsciente. Tanto el Gobierno que induce al enfrentamiento como los Prefectos de las autonomías que acuden al mismo, saben que después del 10 de agosto ya no tendremos un país unido y capaz de dialogar, saben que la unidad nacional sólo podrá ser realidad cuando uno de los bandos haya sido vencido, no en las urnas, sino en las calles.
Etiquetas: Asamblea Constituyente, bolivia, estatutos autonómicos, García Linera
